Para muchos nicaragüenses, Cristiana Chamorro, una influyente periodista que anunció el pasado 2021 que se postularía como candidata opositora para las elecciones presidenciales de ese año y que fue arrestada en medio de la contienda, representa un vínculo con el pasado de su país.
Es la hija de Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que venció en las urnas en 1990 al primer gobierno de Daniel Ortega.
«Lo primero que te diría cualquier nicaragüense de ella es eso, que es la hija de Violeta», le dijo a BBC Mundo Ana Margarita Vijil, analista política y antigua académica de la Universidad Politécnica de Nicaragua.
«Simbólicamente, Cristiana, que estuvo muy vinculada al gobierno de su mamá, significa también para el actual gobierno el recuerdo vivo de esa derrota», agregó.
En solo unos meses, Chamorro Barrios pasó de no hacer (abiertamente) política a convertirse en el rostro más visible de la oposición en Nicaragua cuando anunció que participaría en las elecciones de noviembre de 2021.
Posterior a su anuncio en junio del mismo año, el gobierno de Daniel Ortega la acusó criminalmente, la puso bajo arresto domiciliario y el pasado 11 de marzo fue declarada culpable de varios delitos.
Este lunes, Chamorro fue condenada a ocho años de prisión por «lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica».
Miembros de la comunidad internacional así como organizaciones de derechos humanos afirman que el proceso legal es realmente una persecución política.
Poco después de inscribirse para participar en el proceso interno del partido Ciudadanos por la Libertad, que luego escogería un candidato opositor único, la Fiscalía de Nicaragua le imputó «delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos».
La Fiscalía había pedido, además, su inhabilitación política «por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo». Esta fue decretada por un juzgado de Managua.
Declarada culpable
Chamorro, de 68 años, fue declarada culpable por el juez Luden Martín Quiroz junto con otras cuatro personas, incluyendo su hermano Pedro Joaquín, de 70 años.
La Fiscalía había pedido 13 años de cárcel para la ex precandidata presidencial, pero la sentencia fue de 8.
Junto con la periodista fueron declarados culpables el contador general y el administrador financiero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez. También su chofer, Pedro Vásquez, fue encontrado culpable.
Tanto Chamorro como su familia negaron los cargos y aseguran que se trata de una maniobra política para evitar que se convierta en un contrapeso a Ortega.
Pero ¿quién es esta reconocida periodista y cómo terminó convertida en el nuevo rostro de la oposición?
El ascenso
Nacida en 1954 en Managua, Cristiana Chamorro Barrios es también hija de quien fuera uno de los periodistas más reconocidos del país, Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, quien fue asesinado en 1978, en los últimos meses del régimen de Anastasio Somoza.
Su familia ha sido por siglos no solo una de las más ricas, sino también una de las más poderosas del país: cinco de sus ancestros, incluida su madre, fueron presidentes de Nicaragua.
Aunque estudió Historia y Filosofía e hizo una maestría en Historia y Literatura latinoamericana, los vínculos familiares entre el periodismo y la política marcaron su trayectoria.
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En 1979 se iniciaría como reportera en La Prensa, el diario que su madre había gestionado desde el asesinato de su esposo.
A los 35 años, Chamorro Barrios se convirtió en editora de la publicación y poco después, fue una de las artífices de la campaña que llevó a su madre a la presidencia.
Con Violeta Barrios al frente de Nicaragua, la hija se ocupó de tareas de comunicación y relaciones públicas nacionales e internacionales del Ejecutivo, a la vez que permanecía al frente del periódico tradicionalmente opositor (que se volvió a partir de entonces «portavoz» del nuevo gobierno).
Chamorro Barrios contrajo matrimonio con el político Antonio Lacayo, quien fuera ministro de la Presidencia durante el gobierno de su madre y que murió en un accidente de helicóptero en 2015.
«Después, ella crea la Fundación Violeta Barrios, en honor a su mamá, que ahora está en el centro de este problema», recuerda Vijil.
«Es una organización que ha ayudado a capacitar medios de comunicación y que se volvió muy relevante después que empezaron las protestas que tuvieron lugar hace tres años», agrega.
Desde el periodismo
En 2018, Nicaragua vivió una ola de manifestaciones que pedían la salida del poder de Ortega y que, según organizaciones de derechos humanos, fueron duramente reprimidas y provocaron unas 328 muertes, centenares de presos políticos y el exilio de más de 100.000 personas.
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Vijil recuerda que en esos años, el gobierno cerró muchos medios de comunicación y que entonces, la Fundación se volvió una plataforma de aprendizaje para los cientos de periodistas que debieron reencausar su labor.
«La Fundación fue muy importante para apoyar a medios independientes a readaptarse tras ser sacados del aire y tener que migrar a los medios digitales», dice.
Sin embargo, a inicios de 2021, Chamorro Barrios anunció que la cerraría tras negarse a inscribirla en el registro asociado a una ley que aprobó la Asamblea Legislativa que obligaba a organizaciones que recibieran dinero de la cooperación internacional a inscribirse como «agentes extranjeros».
«La Fundación licitó y administró fondos para la enseñanza del periodismo de la USAID, eso no es secreto», recuerda Vijil.
«Pero el gobierno consideró que estas organizaciones que recibían dinero del extranjero venían a oxigenar a la oposición, por lo que se aprueba esta ley que básicamente busca frenar esa entrada de dinero. Ahí es cuando ella decide cerrar la Fundación», recuerda la académica, en una conversación previa a la declaración de culpabilidad de Chamorro Barrios.
La ruptura
Sin embargo, medios locales recuerdan que su tarea frente a la Fundación y el posterior cierre de esta no la pusieron en la mira de las autoridades.
«Ella, hasta ese momento, no se había metido activamente en política. El gran cambio se dio cuando anunció que se postularía como candidata para las elecciones de noviembre [de 2021]», recuerda Vijil.
Tras el anuncio, incluso antes de asociarse a ningún partido, Chamorro Barrios se ubicó a la delantera de las encuestas de opinión, y medios independientes de Nicaragua comenzaron a hablar sobre la posibilidad de que pudiera repetir la victoria de su madre frente a Ortega.
«En Nicaragua, los partidos de oposición están muy debilitados. Es una oposición donde la preferencia del votante está más basada en candidaturas personales. Entonces, alrededor de Cristiana se había generado mucha expectativa y mucha ilusión porque se veía como una candidatura que regresaba a todos en el mismo barco», opina Vijil.
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El Ministerio Público, por su parte, alegó en aquel momento que el proceso contra Chamorro estaba vinculado a su trabajo frente la Fundación que, según dijo, «incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador».
Aseguró, además, haber obtenido «claros indicios de lavado de dinero» tras revisar documentos de finanzas entre 2015-2019.
Otros casos
La detención de Cristiana Chamorro y los cargos en su contra fueron vistos por activistas y opositores solo como el último caso de otras maniobras que ha realizado el gobierno de Nicaragua con vista a las elecciones.
Más de una decena de periodistas denunciaron haber sido citados para testificar en la Fiscalía nicaragüense por el caso de supuesto lavado de dinero de Chamorro Barrios.
El pasado 20 de mayo de 2021, las autoridades allanaron también la sede del diario El Confidencial y de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos F. Chamorro, el hermano de Cristiana Chamorro, quien recientemente fue galardonado con el Premio Ortega y Gasset.
Otros candidatos opositores también han denunciado con anterioridad que el gobierno creó casos en su contra para impedirles participar en las elecciones.
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Varios organizaciones de derechos humanos han denunciado que la situación en Nicaragua se ha agravado en los últimos tiempos como resultado del impacto de la pandemia de coronavirus, la crisis económica y lo que califican como «represión» por parte de las fuerzas del orden.
Según un reporte del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, en las cárceles del país todavía hay más de un centenar de detenidos por razones políticas.
El gobierno de Ortega niega que en el país existan presos políticos y asegura que los opositores son «revoltosos» que buscan crear disturbios en el país.
